Por: Juan del Pino
La reforma del Consejo de la Magistratura ayuda a instalar ese falso debate, aunque lo cierto es que no se democratiza el poder judicial, pero tampoco se lo subsume más de lo que ya está subsumido al poder ejecutivo. Por supuesto que Proyecto Sur quiere una democratización de la justicia, pero la realidad es que aquí se aplica el viejo truco de cambiar algo para que todo siga igual. El caso de la publicidad de las declaraciones juradas, algo a lo que nadie puede oponerse, es otro ejemplo de querer correr el eje de lo central. Esa reforma puntual debería existir y no sólo para con el poder judicial, sino para con todos los poderes del Estado. Pero no es ése el objetivo central de esta reforma, si no un mero paliativo para endulzar el golpe.
¿Y cuál es el verdadero objetivo? Nos quieren robar las cautelares.
Atacar las medidas cautelares es, efectivamente, una forma de agilizar la justicia. Pero de agilizarla no en favor del pueblo, si no justamente en favor de los intereses corporativos, debilitando el ya débil acceso popular a la justicia. Y en este mismo sentido avanza la creación de nuevas cámaras, nuevas instancias que retrasarán más los juicios, cuando lo que debiera hacerse en todo caso es generar nuevos juzgados.
No es casual que se avance sobre las medidas cautelares en un contexto donde Monsanto está siendo frenado en Córdoba a través de una medida de este tipo, cuando en Chile se ha hecho lo mismo para frenar a la Barrick Gold y mientras en la Patagonia y Entre Ríos se presentan amparos para evitar que se instale la destructiva fractura hidráulica, también conocida como frácking, que es impulsada por el neoliberal Galuccio (Schlumberger), la Exxon Mobil, Chevron y el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
En la disputa por el territorio entre corporaciones y pueblos, las medidas cautelares son sin dudas una herramienta fundamental para los de a pie, para los más débiles. En un contexto donde los Estados Nacional y Provinciales tienen vínculos institucionales con estas corporaciones (YPF, OFEMI, INTA, etc), la modificación de las cautelares responde a la necesidad de debilitar a los pueblos para poder avanzar sobre nuestro territorio, despojándonos de nuestras riquezas.
Por otra parte, el artículo 17 de esta reforma ataca el derecho a huelga de quienes trabajan para el Estado Nacional o sus entidades descentralizadas, vulnerando derechos consagrados por la Constitución Nacional y debilitando la organización de los trabajadores, además de que profundiza las bases sobre las cuales podría aplicarse la nefasta ley antiterrorista para defender un difuso “interés público”. Este artículo tiene como objetivo evitar aquello que para Eva Duarte de Perón era una obligación peronista: “El talón de Aquiles del imperialismo son sus intereses. Donde esos intereses del imperialismo se llamen petróleo basta, para vencerlos, con echar una piedra en cada pozo. Donde se llame cobre o estaño basta con que se rompan las máquinas que los extraen de la tierra o que se crucen de brazos los trabajadores explotados”.
Estas reformas se hacen apelando al difuso término del “interés público”, dando por sentado que es la tutela de ese bien la finalidad del Estado. Sin embargo, todos los días somos testigos de cómo el Estado es puesto en reiteradas ocasiones, no al servicio del bien público, si no precisamente del bien privado. El camino para garantizar que el Estado persiga el interés público es empoderar al pueblo para que pueda fiscalizar el comportamiento estatal. Estas reformas hacen justamente lo contrario, fortalecen al Estado y a una casta política viciada de traición, debilitando al pueblo y facilitando el camino para que el Estado tutele a favor del bien privado y concentrado.
Al igual que la ley antiterrorista y la reforma liberal de las ART, este proyecto responde a la necesidad de generar un nuevo marco normativo que facilite, por un lado el avance del capital financiero internacional sobre el territorio de nuestro pueblo, y por el otro el debilitamiento de la clase trabajadora. Menos garantías para el pueblo y los trabajadores y más legitimidad para la represión estatal al servicio de los grupos económicos concentrados. Esta reforma apunta a profundizar la transformación del Estado en una herramienta a favor la expropiación de las riquezas comunes por los grandes monopolios. Es, por lo tanto, una reforma neoliberal. Tanto así que el mismísimo Macri impulsa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una reforma de las mismas características.
Esconder esta reforma bajo el paraguas de un falso debate entre “República o Democracia Popular” es la herramienta de los poderosos para evitar que los de abajo nos pongamos de acuerdo en rechazar unánimemente una reforma de este tipo. Una vez más veremos cómo, quienes se dicen representantes del campo Nacional y Popular, levantarán la mano para votar una ley Anti Nacional y Anti Popular, al igual que hicieron con la Ley Antiterrorista y la reforma de las ART. Detrás de discursos épicos y falsos debates están construyendo el marco normativo para profundizar el saqueo de nuestro territorio y la degradación de nuestras vidas. Esperemos que esta vez eviten traicionar al pueblo, pero si una vez más deciden hacerlo, no permitiremos el olvido, y más temprano que tarde haremos que deban pagar políticamente su traición.
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