22 de julio de 2011

Pensemos una escuela para todxs... Por Pablo Flores...Primer candidato a Consejero Escolar.


De dónde venimos y hacia dónde vamos: LA EDUCACION ARGENTINA, como pensar una escuela inclusiva que garantice la igualdad de oportunidades político-institucionales que apunten y avalen estas políticas inclusivas, injerencia y especialmente en educación secundaria.

En 1884 se sanciono la Ley 1420, en donde se establece que la educación debe de ser universal, gratuita, obligatoria y laica. El objetivo principal que persiguió esta fue la de crear una unión Nacional a través de la educación común para todos. Este tipo de educación fue necesaria, ya que en ese entonces el país se encontraba con una gran cantidad de habitantes inmigrantes y era necesario una formación integral, primaria, básica, unificadora y sobretodo “HOMOGENEIZADORA”. Fue un medio efectivo para la “democratización” y para la expansión del sistema educativo.

En 1993 es derogada esta ley, y comienza a emplear la Ley Federal de Educación (N° 24.195), con ella se legaliza una etapa de desmembramiento y des jerarquización de la educación Argentina. El proceso que tuvo inicio en la década del ’60 y alcanzo su pico en la última dictadura militar y los gobiernos menemistas, trajo consigo una desregulación de la educación. El estado nacional empezó a desentenderse de la problemática y a delegar responsabilidades en los gobiernos regionales. En esta línea, bajo el régimen militar, las escuelas primarias fueron transferidas a las provincias y luego, con Carlos Saúl Menem como presidente, las escuelas secundarias corrieron la misma suerte.

La sanción de la Ley Federal de Educación, en 1994, no es más que el corolario del proceso que significo el neoliberalismo para la educación. Estipulándose así una estructura de nueve años de educación general básica (E.G.B.) y tres años de POLIMODAL.

Al entrar la Nación Argentina en una gran crisis económica, se adopta el modelo neoliberal, un modelo que en cuya receta contiene pautas tan negativas como la de bajar el gasto público, refiriéndose primordialmente al gasto público en educación y salud. Por considerarlo justamente un “gasto en educación” y no una “inversión en educación”, esto trae como consecuencia que los individuos sean considerados como usuarios de un servicio (consumidores), que se compra en un mercado, el cual rige por las reglas del libre comercio, en donde cada uno recibe aquello que puede pagar. Por la grave situación que se vivió en el país gran parte de la población se vio obligada a concurrir a las escuelas públicas que habían sido vaciadas de educación, de recursos, con un personal trabajando en disconformidad por su situación laboral. Algunos con grandes esfuerzos pagaban una educación privada, pero esto no se traducía en calidad educativa, los únicos que accedían a una educación privilegiada y de calidad eran los sectores con mayor poder adquisitivo, que podían “comprarla”. Dejándose así en el pasado, aquellas aulas en la cual convivían y convergían chicos de lo más disimiles sectores sociales, a los cuales se le impartía la misma educación.

La escuela es el espejo de la sociedad, esta estratificación que se veía no era más que el reflejo de la sociedad. Había y hay un gran porcentaje de la población que se sumergía con resistencia, debido a que el estado les había soltado la mano al abandonar el ESTADO DE BIENESTAR, en un mundo de flexibilización laboral, mano de obra barata poco capacitada, servicios privatizados, competitividad, pobreza, indigencia, exclusión y marginación.

Las escuelas estatales se convirtieron, al menos ante los ojos de la opinión pública, en contenedores de emergencia social, con prioridades como alimentar a los alumnos antes que educarlos.

¿Qué otro destino podían tener sin la garantía de una educación igualitaria y publica que reivindique la pertenencia a una nación, que los haga sentir parte de un destino histórico, que los eduque en valores, que los forme como ciudadanos civiles, críticos, y que los prepare para ingresar al sistema laboral?

Estas políticas oficiales generaron circuitos educativos diferenciales, esto es, una escuela organizada para reproducir y amplificar la fragmentación y las desigualdades socioculturales. Los gobernantes se preguntaban qué hacer con los chicos, quienes veían como futuros sujetos del clientelismo político, potenciales receptores de la ayuda social que después se convertirá en voto cautivo. El discurso era nefasto: la escuela debía servir para que los chicos no estén en la calle, para que no sean un factor de irritabilidad social, y para que algo de conocimiento muy elemental los convierta en mano de obra barata y flexible. Esa era la concepción de la educación que se tenía, y que se debía cambiar, un modelo educativo que reproducía fielmente las desigualdades y diferencias sociales, donde había un determinado circuito de conocimiento al que acceden solo algunos pocos.

Los sectores concentrados necesitaban de una educación estratificada que suministre conocimientos limitados para aquellos que serán mano de obra barata, los beneficiarios de la asistencia social.

Podemos afirmar entonces que la Ley Federal de Educación fue el marco jurídico del neoliberalismo en la educación. La legislación planteaba una formación muy básica de los alumnos, que tenía que ver con la flexibilización laboral y disciplinamiento social, que no se planteaba formar ciudadanos críticos con capacidad de transformación, ni que criticaron lo que estaban viviendo sino que formaba a los chicos para adaptarse al orden social.

De esta manera se entra en un círculo vicioso y perverso, no se invierte en educación por su baja calidad y productividad, a su vez la falta de inversión provoca descenso en la calidad educativa tomándola cada vez menos productiva y llevándola a niveles extremadamente bajos en los cuales va a llevar mucho trabajo e inversión sacarla.

Las instituciones perdieron credibilidad, y los paradigmas entraron en crisis: en el sistema productivo, en la producción de la cultura, de los estilos de aprendizaje y, consecuentemente la pérdida de valores y la pérdida de vínculos.

Los años que siguieron a la crisis que exploto en el 2001 llevaron a la paulatina recuperación de la economía y a volver a pensar en la educación como un bien y no como un servicio. En 2006 se aprobó la Ley Nacional de Educación, que reemplaza a la Ley Federal de Educación y vuelve a instalar el sistema de primara y secundaria de seis años cada una. Por otra parte, convierte al estado en el principal veedor de la educación, que pasa a reemplazar a los gobiernos provinciales en la tarea de establecer la curricula.

Se dictaron dos leyes importantes: de Financiamiento Educativo y de Educación Técnica.

La primera de ellas dispone de los recursos necesarios para afrontar la crisis actual de la educación, porque sin fondos nada se puede hacer, y vuelve a poner al Estado Nacional como co responsable de la educación junto con las provincias, establece un incremento del 4% al 6% del P.B.I. nacional para educación en los próximos cinco años. Hoy la educación nacional se encuentra en una nueva oportunidad histórica, ante un nuevo rumbo. Esta ley definía contenidos curriculares comunes y núcleos de aprendizaje prioritarios en todos los niveles y años de la escolaridad obligatoria y dan lugar a los pueblos originarios a que, si bien deben de acoplarse en un sentido general a los contenidos, discutan y armen su propia curricula de contenidos en consonancia con su historia, creencias, cultura y costumbres. Establece la obligatoriedad de la escuela secundaria, etc.

Al analizar la Ley Nacional de Educación se puede visualizar algunos puntos que son difíciles de ser implementados en la práctica educativa, como es el caso de que el sistema educativo debe de brindar una educación de calidad con igualdad de oportunidades y posibilidades, con equidad y justicia social, pero este debería de pensar que la igualdad de oportunidades no coincide con la igualdad de posibilidades, esta debe comenzar desde la base de la educación de niños, pero no todos tienen las mimas posibilidades desde el seno familiar. En consecuencia llegan con un bagaje desigual que muy pocas veces alcanza a equiparar al resto de la población estudiantil; luego para que se pueda respetar las diferencias entre las personas sin admitir discriminación de ningún tipo por condición u origen social, se debe de erradicar varios programas televisivos, políticos, entre otros, que influencian en la población movilizando este tipo de conductas o discriminación; en uno de los artículos el sistema educativo intenta lograr el acceso y la permanencia de los alumnos en él, pero para pensar en la permanencia de los estudiantes dentro del sistema implica no solo tener en cuenta la gratuidad, sino también los contenidos (deben de ser significativos para conservar al alumno)y la función que cumple la escuela. ¿Queremos que permanezcan porque hay un plato de comida?; la gran contradicción del sistema educativo actual radica en que si bien el sistema garantiza el acceso al libro de texto escolar y a contenidos educativos digitales para todos los estudiantes mediante un fondo para producirlos y el equipamiento de las bibliotecas escolares, buena innovación por lo cierto, pero lo raro es que hay muchas escuelas que no tienen ni una sola PC.

Los problemas de fragmentación y desigualdad económico-social y educativa profundizados en la década pasada y comienzos de la presente; el nuevo escenario creado por el proceso de recuperación; la necesidad de dar respuestas a los desafíos que surgen de las transformaciones sociales recientes y la voluntad de colocar a los derechos educativos en el centro de los objetivos de justicia social consensuados por los argentinos, requieren de un NUEVO MARCO NORMATIVO GENERAL.

No es solo una ley educativa lo que debe de proponerse un gobierno, sino y mediante la misma, el hecho mayúsculo de “poner en discusión que modelo de país se quiere y se necesita para las próximas décadas”. Ese modelo no es el que brota de nuestros orígenes históricos, ni de nuestra tradición espiritual y cultural, ni de nuestro patrimonio heredado desde los días del descubrimiento, sino el que imponen los poderes dominantes: el de “la sociedad de conocimiento, la ciencia, y la tecnología”; el de la sociedad “que valore el pluralismo, la diferencia, y la diversidad cultural, sin dar lugar a ningún tipo de discriminación por etnia, religión, origen o genero”; el de una sociedad justa, soberana, libre, evitando que una globalización absorba la cultura propia de las personas dentro del mismo sistema.

Es necesario que la escuela también asuma que aprender es un trabajo y que se pueda cumplir cómodamente el gran objetivo anunciado de “educar para la inclusión, y para el desarrollo”. Entonces es necesario que la formación básica y universal brinde las oportunidades educativas que fortalezcan todas las dimensiones de la personalidad: CULTURAL, SOCIAL, ETICA Y RELIGIOSA.

Como conclusión para lograr una escuela inclusiva que garantice la igualdad de oportunidades político-institucionales es necesario que en el debate público se discuta “para que educar”, “¿Cuál es el rol del estado? y “¿Cómo democratizar la escuela?

El gobierno neoliberal de Carlos Saúl Menem planteo reformas en las políticas públicas que alineaban al país en el proceso mundial de llegada de la “NUEVA DERECHA”. El estado se aparta, se fragmentan las escuelas, 24 sistemas educativos, colegios con turnos para repetidores y otro para “normales”. Yendo al punto de la ley de Financiamiento Educativo, discutir el dinero sin antes debatir para que se educa es poner el carro delante del caballo. El problema no es solo agregar condiciones mínimas para que los docentes puedan trabajar, sino que puedan incluirse en la discusión de cómo se distribuye el conocimiento en la Argentina.

Desde nuestra perspectiva para que una política educativa alternativa se aplique con éxito para la igualdad y la inclusión tendríamos que basarnos en cuatro puntos:

- Si no hay democratización de la economía no puede haberlo en el conocimiento, una escuela democrática es una escuela que universalice el acceso a los niveles obligatorios y esto es responsabilidad del estado

- Garantizar la apropiación critica del conocimiento, esto es no responde de memoria las preguntas definidas por expertos, sino aprendiendo a usar con autonomía el conocimiento;

- Un tercer punto para un sistema democrático es la formación para una ciudadanía plena, que implica discutir el uso de poder dentro del sistema. No hay participación importante de los alumnos y los docentes;

- En cuarto lugar, y quizás el que más se reniega en el sistema es aquel que contemple la diversidad cultural.

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